Niños en el pasillo de la muerte

Han pasado ya más de 350 años desde la ejecución de Thomas Grauger en Masachusetts, en 1642. Se
trataba del primer caso documentado de ejecución por un delito cometido a la edad de 16 años.
Desde entonces, EEUU viene aplicando con un celo constante su política de ejecución de jóvenes
delincuentes. Así, el 4 de febrero, el Estado de Oklahoma mató a Sean Sellers, por un crimen
cometido cuando tenía 16 años.

Paradójicamente, el país que se proclama abanderado de la lucha en favor de los derechos
humanos es el que encabeza el grupo mucho menos honorable de naciones orgullosas de ejecutar a
individuos que cometieron un crimen en su infancia. Su secretaria de Estado, Madeleine
Albright, afirmaba, en efecto, hace un año: «Nuestro país es un auténtico campeón: camina
con la cabeza alta y ve más lejos que los demás.»

Desde comienzos de los años 90, Sean es el décimo jovencito criminal ejecutado en Estados
Unidos, que, en este ámbito, supera a todos los demás países juntos. Se sabe que Arabia Saudita,
Irán, Nigeria, Pakistán y Yemen ejecutaron en total nueve niños durante este mismo periodo.
Mientras tanto, Yemen abolió la pena de muerte para los menores de 18 años. En 1998, todas las
ejecuciones conocidas de jóvenes delincuentes se produjeron en EEUU.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños introdujo la prohibición
de este tipo de ejecuciones en la legislación internacional; 191 países ratificaron este
texto. Sólo dos se negaron a hacerlo: Somalia, un país en bancarrota y sin gobierno reconocido,
y... EEUU.

Hoy, más de 70 jóvenes esperan la misma suerte en el corredor de la muerte, lo que constituye una flagrante
violación del Derecho Internacional. Ironías de la historia: si el caso hubiese tenido lugar en
China, el país que detenta el récord anual de ejecuciones, la suerte de Sean hubiese sido
diferente. En 1977, las autoridades chinas abolieron, en efecto, la pena de muerte para las
personas menores de edad en el momento de cometerse los crímenes.

Cincuenta años después de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
más de la mitad de los países del mundo han suprimido la pena de muerte, teórica o
prácticamente. EEUU es la única democracia occidental que sigue ejecutando a sus
ciudadanos. La inmensa mayoría de los demás países se adecuan a la legislación internacional
sobre derechos humanos, limitando la aplicación de la pena de muerte sólo a los adultos.

EEUU no sólo ejecuta a jóvenes delincuentes, sino que también lo hace con los que sufren
graves trastornos mentales. Sean Sellers fue juzgado por tres asesinatos: el de su madre,
Vonda, el de su abuelo, Paul Bellofato, y el de Robert Bower, un comerciante. Durante el
proceso, el jurado no supo que Sean sufría un trastorno que disociaba su identidad. Un
electroencefalograma realizado por tres eminentes expertos en psiquiatría demostró
graves lesiones cerebrales debidas a una herida producida durante su infancia. Y un test que
mide la velocidad de transmisión de la información entre los órganos sensoriales y el
cerebro descubrió la existencia de al menos tres estados diferentes en su personalidad.

La gracia debería ser una componente clave del sistema penal de EEUU. Debería ser el
instrumento a través del cual la sociedad americana reparase los errores judiciales y
reconociese que una persona evoluciona, se arrepiente y está dispuesta a readaptarse. Hace
13 años, Sean se convirtió al cristianismo y, desde entonces, su fe no vaciló. Afirmó que
sentía profundamente su crimen. Durante años, ayudó a miles de adolescentes, en todos los
estados de la Unión, a volver al buen camino. Ya no era un peligro para la sociedad. Su ejecución
demuestra que el sistema penal de EEUU le niega a un individuo (en este caso, un niño de 16
años) toda posibilidad de readaptarse y de reinsertarse en la sociedad.

Autora: Bianca Jagger. Es miembro de la Junta Directiva de Amnistía Internacional en EEUU y dirigente de
la campaña contra la pena de muerte en dicho país.